Repensar el hábitat desde los territorios: el sello transformador de las universidades regionales

El Día Mundial del Hábitat nos invita a preguntarnos algo que parece simple, pero no lo es: ¿qué significa realmente habitar bien? No basta con disponer de una vivienda. Habitar implica poder acceder a educación, trabajo, salud, áreas verdes, transporte, servicios, cultura y espacios de encuentro sin que la vida cotidiana se transforme en una carrera de largas distancias, altos costos y desigualdades acumuladas.

Los datos recientes del Gran Santiago muestran con crudeza este problema. Un estudio presentado en 2026 por la Cámara Chilena de la Construcción concluyó que cerca del 80% de las manzanas analizadas son monofuncionales, principalmente residenciales, y que el 61% de las personas debe salir de su comuna para trabajar, estudiar o realizar trámites. La falta de mixtura urbana no es una cuestión meramente técnica: condiciona el tiempo disponible, el gasto de los hogares, las oportunidades de encuentro, la movilidad y, finalmente, la calidad de vida. 

Aunque estas cifras corresponden a Santiago, el desafío del hábitat es profundamente territorial. En las regiones adopta otras formas: escasez hídrica, dependencia del automóvil, desigual acceso a servicios, contaminación, presión sobre ecosistemas, expansión urbana, riesgos naturales o brechas de conectividad. Por eso, pensar soluciones desde un modelo único y centralizado resulta insuficiente.

En este punto, las instituciones regionales tienen una ventaja que debemos valorar mucho más: conocen el territorio porque forman parte de él. Sus estudiantes, académicos y equipos profesionales conviven con los mismos problemas que estudian. Esa cercanía permite conectar investigación, docencia y vinculación con el medio para convertir el campus y su entorno en verdaderos laboratorios de innovación pública y socioambiental.

El consorcio “Ciencia e Innovación para el Futuro”, integrado por la Universidad de Atacama, la Universidad de Tarapacá, la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad Mayor, ofrece una señal interesante. Sus fondos 2026 fortalecen la investigación aplicada, la innovación y el trabajo territorial, buscando que los resultados dialoguen con problemáticas locales y con el entorno socioeconómico. Ese es precisamente el enfoque que necesitamos: una ciencia que no mida su impacto solamente por publicaciones, sino también por su capacidad de contribuir a resolver desafíos concretos.

El cambio, además, debe comenzar dentro de las propias instituciones. La Universidad Católica del Maule incorporó la sostenibilidad como eje de su Plan de Desarrollo Estratégico 2024-2028, articulando ética ambiental, equidad de género, uso responsable de los recursos y participación comunitaria. Esto es relevante porque una universidad que investiga ciudades sostenibles, pero no revisa sus propias prácticas de movilidad, energía, agua, residuos, inclusión o participación, pierde una valiosa oportunidad educativa.

El campus puede ser un espacio demostrativo: un lugar donde las soluciones se prueben, se evalúen y posteriormente se compartan con el territorio.

También debemos incorporar la perspectiva de género en la manera de pensar el hábitat. Mujeres y hombres no siempre experimentan la ciudad del mismo modo: los patrones de movilidad, las responsabilidades de cuidado, la percepción de seguridad y el acceso a oportunidades pueden ser diferentes. Al mismo tiempo, sigue siendo necesario ampliar el liderazgo femenino en los campos que diseñan las transiciones urbanas y energéticas.

El proyecto “Mujeres Solares” de la Universidad de Antofagasta, que en 2025 entregó becas a profesionales para cursar el Doctorado en Energía Solar, demuestra cómo una acción concreta puede abrir espacios de participación femenina en un sector estratégico para el futuro de los territorios. 

Repensar el hábitat exige, entonces, ampliar la conversación. No es una tarea exclusiva de la arquitectura o la ingeniería; requiere informática, ciencias ambientales, salud, educación, ciencias sociales, economía, arte y participación ciudadana. Requiere datos, pero también escucha; tecnología, pero también ética; infraestructura, pero también vínculos comunitarios.

Las universidades regionales pueden convertirse en nodos que articulen esas capacidades. Pueden mapear brechas, modelar escenarios, monitorear variables ambientales, diseñar soluciones basadas en la naturaleza, evaluar movilidad, apoyar a municipios, trabajar con comunidades y formar profesionales que comprendan que cada decisión técnica tiene consecuencias sociales y ambientales.

El desafío es pasar de estudiar el territorio a construir futuro con el territorio. Si queremos ciudades y regiones más justas, resilientes y sustentables, necesitamos universidades que no miren el hábitat desde la distancia, sino que se reconozcan como parte activa de él.

Esa puede ser una de las contribuciones más transformadoras de la educación superior chilena al desarrollo sustentable.

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