Instituciones de educación superior: de observadoras a arquitectas de la descarbonización de Chile

La transición hacia energías renovables no se resolverá únicamente con infraestructura y tecnología. Requiere capacidades humanas, innovación situada y una relación distinta entre conocimiento, territorio y comunidades. Allí, las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad ineludible.

Chile definió la carbono neutralidad como un horizonte estratégico para su desarrollo. Sin embargo, alcanzar ese objetivo no consiste simplemente en sustituir fuentes fósiles por paneles solares, aerogeneradores o hidrógeno renovable. La descarbonización es una transformación económica, tecnológica, territorial y social de gran escala. Por ello, la pregunta no es si las instituciones de educación superior deben participar en este proceso, sino cómo asumirán un liderazgo que esté a la altura de la urgencia climática y de las oportunidades que enfrenta el país.

Las instituciones de educación superior cumplen una función singular: forman a las personas que diseñarán, operarán, regularán, financiarán y evaluarán la transición energética. Pero su contribución no puede limitarse a adecuar algunas mallas curriculares ni a desarrollar proyectos aislados de eficiencia energética. La sostenibilidad debe integrarse como un criterio transversal de la formación, la investigación, la vinculación con el medio y la gestión institucional.

La expansión de las energías renovables en Chile es una oportunidad indiscutible, dada la diversidad y calidad de los recursos energéticos presentes en el territorio. No obstante, la incorporación masiva de generación solar y eólica plantea desafíos técnicos relevantes: sistemas de almacenamiento, redes de transmisión, flexibilidad operacional, gestión de la demanda, ciberseguridad y resiliencia climática. A ellos se suman dimensiones sociales igualmente decisivas: participación temprana de las comunidades, distribución territorial de beneficios, protección de la biodiversidad, disponibilidad hídrica, reconversión laboral y equidad de género.

La experiencia internacional y nacional confirma que la transición energética no será sostenible si es concebida únicamente como un asunto de ingeniería. Requiere profesionales capaces de trabajar de manera interdisciplinaria, comprender las particularidades de cada territorio y dialogar con diversos actores. En esta tarea, las IES pueden convertirse en espacios de articulación entre el sector público, el sector privado, los gobiernos locales, las comunidades y la sociedad civil.

Una primera responsabilidad consiste en formar capacidades pertinentes. El país requiere especialistas en energías renovables, eficiencia energética, almacenamiento, electrificación, economía circular, construcción sustentable y evaluación ambiental; pero también necesita profesionales de las ciencias sociales, el derecho, la educación, la salud, la administración y las comunicaciones que comprendan los efectos de la transición y puedan contribuir a gobernarla. La sostenibilidad no debe ser una especialización reservada para unos pocos: debe constituir una competencia formativa para todas las disciplinas.

En segundo lugar, las IES deben transformar sus propios campus en laboratorios vivos de descarbonización. Medir y transparentar la huella de carbono institucional, mejorar la eficiencia energética de la infraestructura, incorporar generación renovable donde sea técnica y económicamente viable, promover movilidad sostenible y disminuir emisiones asociadas a compras, residuos y alimentación son acciones que permiten pasar del discurso a la coherencia. Más aún, estos procesos ofrecen oportunidades de aprendizaje aplicado para estudiantes, personal académico y funcionarios.

Sin embargo, el liderazgo institucional no se agota en la reducción de emisiones propias. La investigación y la innovación deben orientarse a resolver problemas concretos del país. Por ejemplo, cómo integrar energía renovable en zonas aisladas; cómo disminuir la pobreza energética; cómo diseñar soluciones compatibles con la protección de ecosistemas; cómo reutilizar infraestructura en territorios afectados por el retiro de centrales a carbón; o cómo generar empleos de calidad en las nuevas cadenas de valor. La transición será legítima en la medida en que sus beneficios alcancen efectivamente a las comunidades y no profundicen desigualdades preexistentes.

En este sentido, resulta especialmente relevante avanzar hacia una transición justa. El cierre o reconversión de actividades intensivas en carbono puede afectar empleos, economías locales e identidades territoriales. Las IES tienen la capacidad y el deber de aportar evidencia, formación continua y espacios de diálogo para que las decisiones no se adopten a espaldas de quienes viven en los territorios. Descarbonizar no puede significar trasladar costos sociales o ambientales de un lugar a otro.

El desafío, entonces, es consolidar una educación superior que no se limite a reaccionar ante la transición energética, sino que contribuya a orientarla. Las IES deben ser formadoras de talento, generadoras de evidencia, demostradoras de soluciones y garantes de una conversación pública informada. El país necesita más que energía limpia: necesita una transformación justa, democrática y territorialmente pertinente.

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